Pensiones y fondos

En los últimos años se ha acentuado el debate sobre la sostenibilidad y la suficiencia de los sistemas públicos de pensiones en los países desarrollados. No es de extrañar teniendo en cuenta el brutal impacto sobre las finanzas públicas de la larga y profunda crisis económica por la que han atravesado todos ellos. Pero no es menos cierto que el interés del debate está por encima de esta manifestación, mucho más explícita en momentos de adversidad, de un problema sustantivo y de gran alcance para las políticas y las finanzas públicas.

Es evidente que, en general, los sistemas públicos de pensiones han tardado en responder a los enormes cambios que, lentamente (y a veces no tanto), pero sin pausa, se han venido produciendo; particularmente con el aumento de la calidad y la esperanza de vida. Cuestionada su viabilidad futura, han debido tomarse decisiones para hacerlos sostenibles: el desplazamiento de la edad de jubilación y la vinculación de las pensiones a la esperanza de vida han sido lugar común estos últimos años en la mayoría de países. La propia Comisión Europea recordaba esta semana, en una conferencia organizada sobre El futuro de las pensiones en Europa, que 24 de los 28 Estados miembros habían incluido recientemente reformas en este sentido. En algún caso, como el español, las reformas han ido incluso algo más allá.

Sin embargo, tales reformas están lejos por sí solas de proporcionar una solución global satisfactoria. No solo porque en muchos casos las mismas son todavía insuficientes para garantizar sin reservas el principio de sostenibilidad, sino también porque el fortalecimiento de esa necesaria sostenibilidad financiera tiene como contrapartida a medio plazo, y en todos los casos sin excepción, una rebaja sustancial de la pensión pública relativa al salario medio futuro.

La invocación de unos niveles de cobertura adecuados tras la jubilación obliga, en este contexto, a prestar una creciente atención al desarrollo de fórmulas de prestación complementaria. Entre ellas, los fondos privados de pensiones han adquirido un lugar preeminente en la mayor parte de los países. La industria que lo soporta tiene ya un tamaño nada despreciable. En el conjunto de la OCDE gestiona un patrimonio que se sitúa en el entorno de los 16 billones de euros, algo más de un 70% del PIB, homologable al patrimonio localizado en fondos de inversión y a algo menos de la mitad, aproximadamente, de lo que capitalizan las Bolsas mundiales.

El grueso se concentra en cualquier caso en unos pocos países anglosajones y en algunos otros países europeos. Sin ir más lejos, el patrimonio acumulado en España apenas si representa el 8% del PIB, lo que ilustra su aún muy limitado desarrollo, al que nada contribuyen, por cierto, unos costes operativos —y las consiguientes comisiones— de los más altos de la OCDE (véase el reciente informe Pensions at a Glance 2013). Propiciar mayor eficiencia y competencia en este sector y en otros relacionados con el ahorro-previsión, así como la innovación en los procesos de transformación de la riqueza acumulada en renta futura, han de estar también en la agenda de reformas.

Daniel Manzano e Ignacio Blasco son profesores de Afi, Escuela de Finanzas Aplicadas.

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