La Comisión Europea tradujo ayer a hechos el cambio de discurso que ha venido madurando en los últimos meses. La necesidad de aflojar la presión sobre el déficit para propiciar la salida de la recesión se ha concretado en un alivio fiscal para siete países, que contarán con más tiempo para reconducir sus desequilibrios. La tregua otorgada resulta más amplia de lo esperado, tanto en el número de Estados como en el plazo asignado. Además de la conocida extensión de dos años para España y Francia, Polonia y Eslovenia se beneficiarán también de ese periodo, mientras Portugal, Bélgica y Holanda dispondrán de un año más.
En un reconocimiento implícito de que el rigor presupuestario ha sido excesivo, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, definió los cambios como “fruto de la experiencia y de un mejor conocimiento de los cuellos de botella en el crecimiento de varios países”. Pero nadie debe tomar esa prórroga como un premio: a cambio, el Ejecutivo comunitario exige reformas contundentes. “Ahora los Estados miembros deberían intensificar sus esfuerzos en reformas estructurales”, advirtió el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, que habló de “emergencia social”.
Para acallar el coro de voces que propugnan remedios nacionales, Barroso lanzó “una súplica” para construir “el consenso europeo”. La expresión se antoja como el contrapunto al llamado consenso de Washington, identificado con la austeridad excesiva.
Al hablar de reformas, Francia encabeza las preocupaciones de la UE. A cambio de concederle dos años de gracia, Bruselas recomienda a la segunda economía del euro que emprenda seis reformas “valientes” (según dijo Rehn) para “desbloquear su potencial de crecimiento”, reducir el gasto público, modernizar sus mercados y mejorar la competitividad. Los deberes sugeridos a la Francia socialista son: reforma de las pensiones este año; menos costes del trabajo; mercado laboral más abierto; liberalización de profesiones y servicios (energía, ferrocarriles, taxis, médicos, notarios, abogados, farmacias…), simplificación fiscal y mejora del clima empresarial. Además, Rehn pide a París que reduzca el déficit hasta el 3,6% en 2014 —cuando la propia previsión de Bruselas es del 4,2%— y le conmina a caminar más deprisa.
Francia ha recibido las sugerencias neoliberales de la Comisión con una respuesta inusual, con un tono bastante más alto de lo normal, que parece anticipar momentos de alta tensión en la cumbre de finales de junio que debe confirmar el giro hacia el crecimiento. “La Comisión no puede dictar a Francia lo que tenemos que hacer”, dijo el presidente, François Hollande. “Debe simplemente decir que Francia tiene que equilibrar sus cuentas. En lo que concierne a las reformas estructurales, especialmente la de las pensiones, solo nosotros podemos marcar cuál es el buen camino”. Hollande agregó que París reformará las pensiones mediante la concertación: “Si lo hacemos, no será porque lo pide Bruselas sino porque sabemos que tenemos necesidad de salvar nuestro sistema distributivo”.
Italia es otro buen ejemplo de esa mayor laxitud de Bruselas a cambio de reformas. Rehn considera creíbles las medidas previstas para que el nivel de déficit se sitúe ya por debajo del 3% y, por tanto, saca a este país del procedimiento sancionador de déficit excesivo. Le recomienda, eso sí, cambios de calado: leyes más firmes contra la corrupción, limpiar el sector financiero y favorecer el crédito a las empresas.
Bélgica refleja bien el interés de la Comisión por abandonar la fama de inflexible. El país tendrá, como Holanda, un año más de lo previsto para reducir el déficit y Rehn renuncia, de momento, a sancionarlo. A Eslovenia, que se perfila como la próxima candidata a recibir un rescate europeo, Bruselas le otorga dos años más.
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