Las relaciones entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Industria están que arden por el conflicto en materia de competencias (valga la redundancia). Las desavenencias se desataron prácticamente desde la creación, al asumir Industria de competencias en telecomunicaciones y, más recientemente, la del control de los peajes de acceso a la red eléctrica, que se hizo sin comunicación alguna a la CNMC, que se enteró por la prensa.
El organismo regulador estima que el ministerio le ha arrebatado tareas relevantes y lucha por recuperarlas. A eso responde la carta enviada la semana pasada por su presidente, José María Marín Quemada, al titular del departamento, José Manuel Soria, a la que éste todavía no había dado respuesta a final de esta semana. Marín se ha remitido al último Country Report de la Comisión Europea, de 31 de julio, en el que se subraya que “es importante que la CNMC retenga los adecuados recursos humanos y financieros y que pueda aplicar sus poderes y funciones bajo la Tercera directiva sobre Electricidad (Third Energy Package) de forma efectiva e independiente, especialmente en la fijación de tarifas”. En ese sentido, subraya que la Comisión recuerda que los reguladores no pueden depender de los Presupuestos Generales del Estado porque cuestiona la independencia.
Entre las competencias que recibió la CNMC cuando se creó el año pasado figuraba la capacidad para establecer la estructura y condiciones de aplicación de los peajes de acceso, donde se incluyen los costes del transporte, distribución y primas a las renovables y que representan en torno al 40% del precio final de la luz. Esa función es la que ha pasado a depender de Industria, que aprovechó el trámite parlamentario del proyecto de Ley de Metrología, que poco tiene que ver con la energía eléctrica, para introducir una enmienda que modifica la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y permite regular los peajes de la electricidad y el gas natural.
Aunque la enmienda fue aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados y de momento no ha sufrido modificación en el Senado, los cambios son contrarios a la normativa comunitaria, que trata de que no haya subvenciones cruzadas entre suministro, transporte y distribución y que los peajes reflejen los costes y no sean discriminatorios. Es decir, la CNMC se queda sin la competencia de fijar los peajes y la metodología para su cálculo, tal como recoge la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo sobre el mercado interior de electricidad, que atribuye a los reguladores esa función.
El Gobierno reseñaba en la enmienda que “la metodología de peajes de acceso debe estar constituida por un conjunto de reglas que permita al Ministerio de Industria asignar los costes a los distintos grupos de consumidores caracterizados por niveles de tensión y periodos horarios”. Asimismo, apelaba a razones de “seguridad jurídica” porque “podría darse la situación en la que se efectuaran desarrollos normativos en ambos órganos y llevar a problemas de interpretación”.
Con el control de los peajes, Industria se queda con las manos libres para hacer política industrial a través de la tarifa eléctrica, según critica la oposición. Es decir, que no solo pueda subir peajes, sino también llevar a cabo la rebaja prevista para la industria vasca, extensible a los regantes, rebajando el umbral entre la media y la alta tensión de los 36 kilovoltios que fija la CNMC a 30 kV. Es decir, por debajo de los 33 kV que tiene la industria vasca.
El problema es que quita una competencia relevante a la CNMC y que, además, llueve sobre mojado, ya que la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción al Gobierno español porque el nuevo regulador perdía competencias que tenían los anteriores y por haber destituido antes de haber terminado el plazo a varios consejeros de la antigua Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones (CNMT), entre ellos su presidente, Bernardo Lorenzo, que puso una demanda por ese hecho. Al respecto la CNMC ha destacado que es el regulador europeo con menos competencias en telecomunicaciones. A diferencia de otros países, no se ocupa del espectro radioeléctrico, de los derechos de los usuarios, de la seguridad de las redes ni del registro de dominios de Internet, entre otras funciones.
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