Desde hace tiempo la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) viene insistiendo en las virtudes de introducir mayor competencia en nuestra economía. Seguimos haciendo ver a las empresas y a las Administraciones Públicas las ventajas en función de eficiencia, crecimiento del PIB y aumento del bienestar de los consumidores.
En esta ocasión me gustaría hacer hincapié en un punto que pasa muchas veces desapercibido y que considero, sin embargo, de la máxima importancia en este momento: el de las relaciones entre empleo y competencia. Porque ¿es bueno o es malo para el empleo que haya más o menos competencia en un determinado sector o en el conjunto de nuestra economía? La introducción de más competencia ¿crea o destruye empleo? ¿Tiene consecuencias la competencia para el tipo de empleo de un determinado sector o país (más precarizado y con salarios más bajos o, por el contrario, con salarios más altos y de más calidad)?
Desde un modo muy intuitivo es fácil comprender cómo la eliminación de las restricciones innecesarias a la competencia permite la entrada de nuevas empresas y, por lo tanto, genera nuevos empleos. Pensemos por ejemplo en la desatinada normativa que regula el comercio minorista en nuestro país: estamos ante un sector dinámico e innovador, dispuesto a ofrecer nuevos servicios y nuevos formatos a un consumidor que estaría dispuesto a pagar por ellos; existe demanda y existe oferta, pues. Y, sin embargo, la normativa estatal, autonómica e incluso municipal se empeña en restringir el mercado impidiendo las aperturas en festivos, limitando los horarios de apertura e inmiscuyéndose directa o indirectamente en las decisiones empresariales sobre el tamaño de los establecimientos. ¿El resultado? Muchos menos empleos de los que se podrían crear en ausencia de restricciones y empleos de peor calidad de la que sería de otro modo posible.
Pensemos la cantidad de sectores en los que esta historia se repite con regulaciones —muchas veces obsoletas— que restringen de modo innecesario e injustificado la competencia. Eliminar tales restricciones desde la Administración Pública, apostando decididamente por la mejora de la regulación y de las prácticas administrativas en nuestro país, debería ser una de las tareas prioritarias del Gobierno para aumentar nuestro potencial de crecimiento y, por lo tanto, de creación de empleo. Solo algunos ejemplos de por dónde empezar con esta tarea urgente: aparte de la regulación del comercio minorista es imprescindible acelerar y potenciar una acción enérgica en el sector de los servicios profesionales y los transportes, así como dar un nuevo impulso a las reformas en los principales sectores de red, empezando por la energía.
Las relaciones entre competencia y empleo no se quedan aquí sin embargo. Como se ha señalado en más de una ocasión desde la CNC, los distintos sectores de nuestra economía se hallan interrelacionados. La existencia de sectores injustamente excluidos de la competencia perjudica a otros sectores que deben soportar el sobrecoste artificial de los productos o servicios provenientes de aquellos sectores protegidos de la competencia. Desde este punto de vista es irrelevante que las restricciones a la competencia vengan dadas por una empresa (que pueda abusar de su posición de dominio), un grupo de empresas (que formen un cártel) o por una regulación incorrecta sancionada y permitida por algunas Administraciones Públicas. En cualquiera de estos casos, estaremos ante unos operadores económicos que se benefician de una posición privilegiada, que limita la creación de empleo a costa de la renta de los consumidores o de los recursos de otras empresas que operan en mercados sin este injusto tratamiento de favor.
Cualquiera que vea la larga trayectoria sancionadora de la CNC en los últimos años puede hacerse una idea de la cantidad de sectores en los que están presentes este tipo de conductas dañosas para la competencia. Como quiera que no en todos los sectores es igual de fácil excluir la existencia de una competencia efectiva —sectores más atomizados o más oligopólicos, con mayores o menores barreras de entrada, con mayor o menor facilidad para articular los intereses y lograr de las Administraciones Públicas una regulación protectora y opacamente subvencionadora—, los sectores con menor competencia efectiva suponen una carga que tiene que soportar el resto de sectores y un lastre para su competitividad nacional e internacional.
Nuestro país se halla ante una encrucijada.
Antes de la existencia de la moneda única, lográbamos poner al día nuestra competitividad periódicamente y de forma artificial devaluando nuestra moneda nacional. Desde que estamos en el euro, sin embargo, este ajuste, que era perjudicial a largo plazo, sencillamente no es posible. Y se abren ante nosotros, por tanto, dos opciones, y ambas implican un ajuste real y no meramente nominal. Bien reducir el valor de los activos de la economía nacional —nuestros inmuebles, participaciones en empresas y otros activos reales y financieros, pero también, en lo que aquí nos interesa, el valor real de nuestros salarios—; bien aumentar nuestra competitividad por la vía de las políticas de oferta, poniendo en el centro la política de competencia y regulación, eliminando restricciones a la competencia en los distintos sectores.
Es solo este segundo escenario el que permitirá que crezcamos por la vía de empresas más competitivas capaces de ofrecer mejores condiciones laborales y mejores salarios reales, lo que me sirve para concluir que la introducción de más competencia en los distintos sectores de la economía española, acompañado de una generalizada mejora de la regulación, es, seguramente, un factor fundamental que nos permitirá crear más empleo y de más calidad.
Por último, pero no menos importante, los sectores con mayor competencia se distinguen también por su menor nivel de precios relativos. Los sectores cartelizados o con fuertes restricciones a la competencia por vía regulatoria ofrecen sus productos a precios artificialmente elevados que acaban pagando en último término los consumidores (la famosa apropiación del excedente del consumidor). La introducción de competencia en dichos sectores significaría, por tanto, un aumento de los salarios reales de los trabajadores, que podrían adquirir más bienes y servicios, incluso en el caso de que el salario nominal no crezca.
Querría cerrar esta reflexión sobre las relaciones entre competencia y empleo citando las palabras de Ludwig Erhard, considerado el padre del milagro económico alemán tras la II Guerra Mundial, que desde su puesto de ministro de Economía defendió con gran clarividencia la necesidad de poner la política de competencia en el centro de la política económica que llevaría a Alemania a la recuperación, que consideraba que “la competencia es el medio mejor para acrecentar la productividad y el único medio de reducir los precios y elevar los salarios reales”.
Joaquín García Bernaldo de Quirós es presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
via Portada de Economía | EL PAÍS http://elpais.com/economia/2013/06/28/actualidad/1372416779_668466.html http://ifttt.com/images/no_image_card.png
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