El derrape del banquero

Cuando a comienzos de 2008 Adolf Todó (Castellbell i el Vilar, Barcelona, 1956) aceptó la dirección general de Caixa Catalunya, pidió unos días para hacer el traspaso en Caixa Manresa e ir a Jerez a ver los entrenamientos de la pretemporada del Mundial de Motociclismo. Todó es un loco de ese deporte. Y parecía encontrarse seguro a lomos de la moto pilotando la antigua caja. Mientras en cada curva caía el gestor de una entidad, él seguía firme en los mandos. Pero el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) le impidió acabar la carrera al prescindir de sus servicios en mayo mediante un despido que califica de "procedente". Por ello, se niega a pagarle 3,6 millones de pensión que el propio FROB le había reconocido en una entidad que ha requerido 12.050 millones en ayudas.

Cuando el entonces presidente Narcís Serra llamó a Todó en 2008, Caixa Catalunya ya estaba en situación crítica. Pilotada por Josep Maria Loza, la entidad se había lanzado a la aventura inmobiliaria en 2004, cuando la burbuja ya llevaba al menos dos años hinchándose. “El riesgo era doble: no solo promovíamos, sino que financiábamos la compra de esos pisos”, explica un antiguo directivo, que recuerda que el control de riesgos dependía del área comercial.

Era urgente enderezar el rumbo de la caja. Y esa tarea se encomendó a Todó, un economista premio extraordinario de fin de carrera, doctor en Economía por la Universidad de San Diego y profesor de Esade. Eso no significa que sea un teórico. Curtido en Banco Sabadell y Caixa Manresa (que con él como gestor era una de las cajas con menos morosidad de España), Todó “cree que los directivos no deben hacer tesis doctorales en la empresa”, dicen en su entorno. “Es más intuitivo que técnico”, redundan fuentes próximas al banquero. Todó estaba bien visto por el PSC, que entonces gobernaba la Diputación de Barcelona (fundadora de la caja) y la Generalitat, por CiU, que siguió apoyando su gestión al volver al poder, y por el Banco de España.

Pero su misión tenía un precio. Y este pasó por el Consejo de Administración del 26 de marzo de 2008: una remuneración fija de 600.000 euros anuales actualizables y otra variable equivalente al 35% de la fija. Así lo estipulaba un contrato que, en caso de extinguirse, le daba derecho a una indemnización de tres años del salario fijo. También se estipuló una pensión de “prestación definida” por la que iba a cobrar el 80% de su último sueldo fijo y que supuso que Caixa Catalunya tuviera que contratar un seguro de 13,7 millones. Los cálculos más moderados elevaban la factura a 20 millones si el contrato hubiera seguido en vigor.

La Fiscalía de Barcelona investiga esa remuneración y la de su número dos, Jaume Masana. Pero Todó también deberá comparecer —junto a otros 90 nombres— en la comisión del Parlament que investiga la gestión de las entidades financieras. Frente a él tendrá a los partidos que en su día aprobaron su contrato. En el consejo estaban representantes del PSC, CiU, ICV y los sindicatos. “Pedimos un informe a una empresa externa que nos calculaba la retribución media del sector. El criterio no escrito era que a esa cantidad se restaba un 5%”, explica un antiguo miembro del órgano.

Apenas un mes antes, el mismo consejo votó por unanimidad una compensación para Loza de 10,7 millones —según el acta, “habitual en el mercado”— pese a que formalmente fue el directivo quien dimitió por “razones personales”. En un mes, la entidad había comprometido 30,7 millones, casi la mitad de lo que dedicó ese año a la obra social.

En la primera tanda de la reestructuración bancaria, Todó pilotó la fusión de Caixa Catalunya con las cajas de Tarragona y Manresa, para lo que requirió 1.250 millones en ayudas públicas. Poco antes, en enero de 2010, el consejo había aprobado una subida del sueldo de Todó, de 600.000 a 800.000 euros, con el rechazo sindical. Pero uno de los consejos más convulsos de la entidad, ya fusionada, llegaría el 21 de diciembre y acabaría con la salida del economista Fernando Casado solo tres meses después de asumir la presidencia. Fuentes cercanas a Casado explican que su renuncia no solo obedecía al sueldo —de 200.000 euros en lugar de los 600.000 euros pactados— sino a que se le dio una dedicación parcial y no funciones ejecutivas. “Todó quería un presidente florero y Casado no lo aceptó”, añaden.

Tras la nacionalización de la entidad en 2011, Todó se hizo con la presidencia ejecutiva, lo que se interpretó como un espaldarazo del Banco de España a su gestión. Con los límites legales a las retribuciones en bancos nacionalizados, el contrato se revisó, la retribución bajó a 300.000 euros y la pensión pasó a ser de aportación definida. El FROB le reconoció los 3,6 millones que tenía acumulados, de los que casi la mitad eran de la etapa en Caixa Manresa.

Pero la imagen de CatalunyaCaixa se degradaba. La entidad ha tenido que lidiar con miles de preferentistas y ha visto cómo un cliente al que había desahuciado, Mohamed Aziz, ganaba una gran batalla en Estrasburgo. Y todo ello mientras recibía enormes ayudas públicas.

La suspensión, por segunda vez, de la subasta de la entidad precipitó el relevo de Todó por José Carlos Pla. Según el entorno de Todó, su relación con el FROB llevaba tiempo deteriorándose. El banquero, según varias fuentes, defendía la venta del banco para evitar que siguiera devaluándose, mientras que el Estado no quería poner ni un céntimo más. El choque le costó el puesto. Los allegados de Todó dicen que el tiempo le da la razón. De hecho, el informe que el FROB encargó a la consultora McKinsey concluía que la entidad podía perder valor con el tiempo. Al final, apunta un cargo de la entidad, a Todó le ha sucedido algo no muy distinto de otros gestores. “La propiedad de las cajas era difusa y acaban por pensar que eran suyas. Pero CatalunyaCaixa ahora tiene un propietario claro, el FROB, y tenga o no razón, es quien manda”.

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