El Ministerio de Hacienda espera ingresar el próximo año 316 millones de euros por el nuevo impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito (IDEC) que repartirá entre las comunidades autónomas. El Gobierno creó este polémico tributo en 2012 para evitar que se extendiera por las comunidades, pero no fue hasta el pasado verano cuando decidió que los bancos empezaran a pagar por él. Entonces estableció que el tipo de gravamen que tendrían que pagar las entidades financieras por los ahorros de sus clientes pasaría del 0% al 0,03%.
El impuesto es de carácter estatal pero el Gobierno ha decidido repartir la recaudación entre las comunidades autónomas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el órgano de interlocución entre Hacienda y los consejeros regionales de Finanzas— decidió el pasado jueves los criterios del reparto.
El acuerdo consistió en que se distribuyera en función del número de oficinas que las entidades de crédito tenían en cada comunidad y los ahorros depositados en ellas. De esta forma, Madrid obtendrá el próximo año 122,4 millones de euros por este impuesto, el doble de lo que conseguirá Cataluña, que ingresará 65,6 millones de euros.
Esto revela que buena parte de los ahorros de los españoles están en cuentas de ahorros registradas en oficinas bancarias de Madrid. La Comunidad Valenciana es el tercer territorio que más ingresará por este impuesto, cerca de 32,7 millones de euros. Castilla y León obtendrá otros 22.3 millones de euros. La Rioja, por su parte, es la administración regional que menos recaudará, tan solo 2,7 millones de euros.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) aprobó a finales del pasado noviembre la orden por la que regulaba la forma en que las entidades de crédito debían pagar el impuesto. Los bancos disponen hasta el 31 de diciembre para liquidar el impuesto a través del modelo 410 de la Agencia Tributaria.
Además, Extremadura, Andalucía y Canarias, las comunidades que ya tenían aprobado el impuesto antes de diciembre de 2012, cuando entró en vigor la tasa estatal, cobrarán otros 275 millones de euros por las compensaciones que prevé la Ley de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) y no cobran del reparto estatal. Esta norma establece que si el Estado aprueba un tributo que ya existe en una Administración, deberá compensar a ese territorio por la cantidad que dejase de ingresar tras la supresión.
Este sistema de compensación pone de manifiesto la complejidad de este polémico impuesto. Fue creado en 2001 por el expresidente extremeño, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Pero el Gobierno central del entonces presidente José María Aznar decidió recurrirlo ante el Constitucional. Durante 10 años quedó atascado en los tribunales hasta que a finales de 2012 el Constitucional falló a favor de Extremadura. Andalucía y Canarias también habían aprobado una tasa similar a la extremeña antes del auto del alto tribunal. Para evitar que el impuesto se extendiese por todas las comunidades con una regulación dispar, Hacienda decidió crear una tasa estatal sobre los depósitos de las entidades de crédito. Pero estableció que el tipo de gravamen sería del 0%. Asturias, Comunidad Valenciana y Cataluña alegaron que, aunque existía un impuesto estatal, como no se estaba recaudando por el mismo, estaban legitimados para crear su tributo regional. Eso llevó al Ejecutivo el pasado verano a subir la tasa del 0% al 0,03%.
Cataluña, de hecho, mantiene su impuesto por el que en sus Presupuestos para 2015 ha previsto ingresar algo más de 600 millones. El Gobierno ya le ha advertido de que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.
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