El duro ajuste que prevé las profundas reformas lanzadas en Francia se han concretado ya en el proyecto de presupuestos para el año que viene presentados este miércoles. El Gobierno prevé reducir en 21.000 millones el gasto público en 2015, de los que al menos 9.600 procederán de la protección social, lo que supone un recorte sin precedentes en ese capítulo. “No hay plan de ahorro que sea indoloro”, había avisado el día anterior el presidente François Hollande.
Con las cifras conocidas ahora, el Gobierno ya ha concretado cómo distribuirá el ajuste de 50.000 millones en tres años previsto en el Pacto de Responsabilidad lanzado por Hollande y ejecutado por Manuel Valls. En 2015, el recorte será de los 21.000 millones citados. En 2016 y 2017, la reducción será de 14.500 millones cada año.
Globalmente, la protección social, con un ajuste de 20.000 millones, será nuevamente la que más se resienta. Los otros dos grandes capítulos a recortar de aquí a 2017 son los gastos del Estado (-19.000 millones) y los de las colectividades locales (-11.000).
De los 9.600 millones de recorte social para 2015, el Estado pretende conseguir al menos 3.900 de un recorte a los presupuestos de la Seguridad Social, que tiene un déficit superior a los 10.000 millones. Las rebajas en las ayudas familiares, por ejemplo, supondrán al menos 700 millones. Así, las ayudas por cada hijo nacido se reducirán a un tercio (308 euros en lugar de 923).
Otros 3.200 millones procederán de nuevos ajustes en las tarifas que los seguros médicos cobran al Estado por cada servicio que prestan. Y otros 500, de una mejora en la gestión. Asimismo, el ahorro procederá de la ya aprobada en verano congelación de las pensiones, salvo las inferiores a 1.200 euros mensuales. Pese a todo, el Gobierno asegura que la calidad de los servicios sanitarios públicos no se verá afectada.
Junto a la protección social, los otros dos capítulos que experimentarán mayores recortes en 2015 son los gastos de funcionamiento del Estado (7.700 millones) y las partidas destinadas a las colectividades locales, en su mayor parte ayuntamientos (3.700 millones).
Pese a los profundos ajustes, las cuentas públicas seguirán desequilibradas debido al débil crecimiento (0,4% previsto este año y 1% el que viene). Este año se cerrará el ejercicio con un déficit público del 4,4% y el año que viene solo descenderá una décima. Francia, por tanto, está obligada a pedir una tercera prórroga a Bruselas porque incumplirá su compromiso de dejar el déficit por debajo del 3% en 2015. No lo logrará hasta 2017.
“Francia ya ha ejercido su responsabilidad. Ahora también debe hacerlo Europa”, ha señalado el ministro de Finanzas, Michel Sapin. El Gobierno entiende que París, como le reclaman Bruselas y Berlín, ha adoptado ya con estos presupuestos “reformas creíbles” y, por lo tanto, ahora corresponde a la UE ser más flexible en sus exigencias para reducir el déficit y acometer políticas para fomentar el crecimiento más que reforzar las de austeridad.
El gasto público y la deuda también seguirán disparados pese a los sacrificios previstos. Este año, Francia destina el 56,5% de su PIB a ese gasto público, uno de los mayores porcentajes del mundo, y solo rebajará cuatro décimas el año que viene. La deuda acaba de superar la emblemática cifra de dos billones (95,6% del PIB) y París tiene que dedicar unos 45.000 millones al año para pagar los intereses.
En el capítulo fiscal, los presupuestos de 2015 incluyen una subida de dos céntimos en el impuesto del gasóleo, con el objeto de dedicar los ingresos a grandes infraestructuras. Por el contrario, se prevé rebajar el impuesto sobre la renta a los salarios. Nueve millones de personas se beneficiarán al suprimir un primer tramo del 5,5% para ingresos inferiores a 9.600 euros al año. Quedan exentos quienes reciban anualmente por debajo de esa cantidad. La merma para la caja estatal por esta medida será de 3.000 millones.
Por encima de cifras y datos, el marco presupuestario presentado ahora demuestra que, pese a todas las resistencia, incluidas las internas entre los socialistas, Hollande y Valls están más que decididos a seguir adelante con sus reformas. “No hay otra alternativa”, repite estos días el primer ministro.
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