El Consejo General de Andorra ha aprobado este mediodía el proyecto de ley de medidas urgentes para la reestructuración y resolución de entidades bancarias, que debe servir para acelerar la salida a la crisis generada por el escándalo de Banca Privada d'Andorra (BPA). La norma permitirá traspasar los activos sanos de la entidad intervenida por el Gobierno a un “banco puente” que posteriormente podrá ser vendido total o parcialmente o bien liquidado de forma ordenada, sin pasar por un proceso concursal. Además, el texto crea una agencia que pilotará el proceso y un fondo capitalizado por el resto de entidades financieras. La ley ha sido aprobada con los votos del partido que apoya al Gobierno, Demòcrates per Andorra, y de los liberales y la mayoría socialdemócrata y la abstención del partido Socialdemocràcia i Progrés. La norma debe ser ahora firmada por los dos copríncipes de Andorra, el presidente de Francia y el arzobispo de la Seu d'Urgell (Lleida).
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