El Ministerio de Empleo y los sindicatos han llegado este miércoles a un acuerdo para rectificar la orden de la Seguridad Social que amenazaba con impedir a 30.000 trabajadores jubilarse a los 61 años pese a que ya habían ganado el derecho para ello. Además, según ha anunciado el secretario de Estado, Tomás Burgos, la institución actuará de oficio para revisar el caso de las 1.400 personas que ya han visto denegada su pensión tras el cambio de criterio de la Seguridad Social el pasado junio.
En aquellas fechas, una orden de la dirección general de ordenación obligó a dar de alta a los trabajadores de más edad que, tras ser despedidos individualmente antes de la última reforma de las pensiones —abril de 2013—, firmaron un convenio con la Seguridad Social para poder seguir jubilándose a los 61 sin una excesiva merma de la pensión. El problema era que el alta les impedía acogerse a las excepciones previstas en la reforma y que les permitían eludir las nuevas condiciones que, como mínimo, restringen la edad de retiro a los 63 años.
Con vistas al futuro, Burgos también ha adelantado tras reunirse con los agentes sociales que el Gobierno cambiará la normativa para evitar que los trabajadores que están en estas mismas circunstancias y cuyos expedientes siguen pendientes de tramitación vean denegada la pensión. A este respecto, el secretario de Estado ha reducido la cifra inicial de afectados que ofreció el Ministerio de 35.000 a 30.000 personas durante los próximos cuatro años.
En cualquier caso, el responsable de la Seguridad Social ha matizado que la rectificación no supondrá ningún coste adicional para las arcas de la institución, que ya están en una situación delicada y cerrarán el ejercicio con un déficit equivalente al 1% del PIB.
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