El Gobierno ha dado una importante vuelta de tuerca al buen gobierno en las empresas a través de una serie de reformas a la Ley de Sociedades de Capital. Buena parte de esos cambios que el viernes fueron remitidos al Congreso para que sean tramitados como proyecto de ley afectan a las empresas cotizadas, como los que estrechan el control sobre el salario y las responsabilidades de los ejecutivos. Entre esas disposiciones destaca la obligación de que los sueldos de los directivos sean razonables y acorde con la situación económica de la sociedad, así como con las funciones que desempeñen. En las sociedades cotizadas será la junta de accionistas a la que, en general, se otorgan mayores poderes la única facultada para aprobar las remuneraciones.

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