El Juzgado Mercantil número 1 de Palma de Mallorca ha aprobado el plan de liquidación de Orizonia, según informa el diario Cinco Días . La agencia de viajes presentó concurso de acreedores en abril del año pasado tras anunciar el cierre de sus actividades. El plan de liquidación fue presentado por la administración concursal hace tres meses, y el informe concursal asegura que la crisis tiene su origen “en el fuerte apalancamiento financiero que se produjo a raíz de la compra” de Iberostar por la firma de capital riesgo Carlyle.
El gigante turístico no consiguió sanear sus números rojos, y se vio ahogado por una deuda que alcanza los 2.085 millones de euros, de las que el administrador cree que solo se recuperarán 15,5 millones. El grupo había recibido tres ofertas distintas que no se concretaron, y en agosto de 2012 un informe de KPMG desveló que la compañía necesitaba una inyección de 80 millones.
Dentro del plan de liquidación aprobado por la justicia mallorquina, el administrador concursal explica que los 100 principales acreedores acaparan “aproximadamente el 70% del total importe recuperable” y detalla en su informe de más de 600 páginas y con fecha 26 de mayo, que la causa última de la crisis de Orizonia se encuentra en el “fuerte apalancamiento financiero que se produjo a raíz de la adquisición de las acciones de Iberostar por parte de la hoy concursada IVH a mediados del año 2006”, adquisición que se financió casi íntegramente mediante diversos créditos.
El administrador añade que “solo una situación de extrema bonanza económica y de expansión del sector turístico hubiera permitido reducir el grave apalancamiento financiero que arrastraba el grupo desde la entrada de los nuevos accionistas. En una situación como la reciente de crisis económica general, y en particular del sector turístico, la insolvencia del grupo era inevitable. Prueba de ello es la disposición que tenían las entidades financieras acreedoras en aceptar importantes quitas de sus créditos”.
El fallo del Juzgado Mercantil número 1 de Palma de Mallorca abre un periodo para presentar alegaciones, con las que pretende dilucidar sobre la calificación de la liquidación, que “puede ser culpable o no”, informa el diario Cinco Días.
