Los impuestos en España son bipolares: a pesar de tener los tipos marginales más elevados, es uno de los países con la presión fiscal más baja —el 31,4% del PIB, frente al 39,5% de media en la zona euro—. “Tenemos un sistema tributario que produce menos de lo que debería”, explica Ignacio Zubiri, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Esto solo se explica por un elevado nivel de fraude —varios estudios sitúan la economía sumergida en el entorno del 20% del PIB, unos 70.000 millones a efectos fiscales—. Y por un sistema ineficiente, cuajado de excepciones y desgravaciones que abren vías de escape ante el fisco.
El pasado miércoles Bruselas reclamó al Gobierno “una revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014”. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asume que tendrá que seguir “las líneas maestras” marcadas por Europa. Pero lo hará “a partir de que se vaya normalizando la recaudación, en un escenario económico diferente”, según matizó esta semana.
La economía española languidece y las bases imponibles —rentas, capitales y gastos sujetos a impuestos— se han desplomado en los últimos años. Desde el inicio de la crisis, en 2007, las bases han disminuido en cerca de 200.000 millones, un 20% del PIB. Ante esta situación el Gobierno se ha dedicado a parchear los grandes impuestos. Trata de ordeñar el sistema al máximo para capear una época de emergencia nacional. En el último año, ha aprobado una treintena de medidas tributarias —subida del IVA, IRPF, supresión de deducciones en sociedades, entre otras— para tratar de engordar la recaudación. Pero el sistema no termina de carburar.
En las últimas semanas se ha lanzado una campaña —liderada por un sector del PP— para instar a Rajoy a que reduzca ya el impuesto sobre la renta. Pero Montoro zanja cualquier discusión: “No hay margen”. Eso sí, avanza que lo reformará. Este tributo es uno de los más complejos de todo el sistema. Sigue provocando a miles de contribuyentes las mismas las pesadillas que turbaban al científico Albert Einstein: “Lo más difícil de comprender en este mundo es, sin duda, el impuesto sobre la renta”.
El exdirector del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Rubio, coincide en que “el IRPF, tal como está diseñado, no da para más”. Lo amplia: “La subida ha creado más distorsiones que recaudación”. Y apuesta por eliminar el gravamen complementario —que elevó los tipos máximos del 45% al 52%— “en cuanto sea posible”. Pero advierte que “tampoco se pueden bajar impuestos sin acompasarlos con reducciones de gasto público”.
Rubio propone que para reformar este impuesto habría que elevar los mínimos exentos para las familias con menos recursos. Recuerda que en los últimos años apenas se han tocado mientras que el IPC ha actualizado al alza todos los tramos del tributo.
Sobre el número de tramos, el nivel y el tipo marginal hay diferentes opiniones, pero todos aseguran que su modelo garantiza la “progresividad” —que paguen más los que más ganan—. Entre estas, se encuentra la de Ramsés Pérez-Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que sostiene que “habría que reducir el peso excesivo de la tributación de las rentas del trabajo. No es de recibo que cerca del 90% de los impuestos sobre la renta procedan de los asalariados. Se debería equilibrar con rentas de capital y actividades profesionales”.
José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Complutense e investigador de la Fundación de Cajas de Ahorro defiende un impuesto con dos tipos, del 25% y el 35%. “Habría que recuperar los mínimos genuinos [desde 2006 la mayoría de deducciones se aplican sobre la cuota íntegra y no sobre la base imponible] y eliminar deducciones”, apunta.
Precisamente una de las principales recomendaciones de Bruselas pasa por “considerar una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa”. La traducción del peculiar lenguaje burocrático consiste en suprimir algunas de las múltiples deducciones del IRPF y sociedades.
La mayoría de los expertos fiscales consultados coinciden en que hay que revisar las desgravaciones que suponen un coste para el Estado de cerca de 16.400 millones. La más cuantiosa es la deducción por compra de vivienda, unos 1.800 millones al año. Pero el punto de mira de Bruselas está puesto en la deducción sobre planes de pensiones privados.
“En el impuesto sobre la renta personal, la desgravación fiscal de las contribuciones a planes de pensiones tiene efectos regresivos y falsea la composición del ahorro”, señala la Comisión Europea. Zubiri es uno de los más beligerantes en este punto: “Cuando decimos que no hay suficiente dinero para las pensiones públicas no tiene sentido financiar con dinero público, con 1.200 millones al año, las pensiones privadas que normalmente corresponden a rentas altas”.
La Comisión recomienda también al Gobierno que “explore el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos y adoptar medidas adicionales en lo que respecta a los impuestos medioambientales, sobre todo los impuestos sobre los carburantes”. La CE aspira a que aumente el IVA de los transportes y del sector del ocio (entre los que se encuentra en turismo). Pero el Ejecutivo se resiste a caminar por esta senda. Montoro rechaza una nueva subida del IVA tras el aumento del pasado septiembre. No obstante, un tribunal europeo obligará a elevar al tipo general (21%) algunos productos sanitarios y los servicios de los notarios y registradores.
Bruselas es partidaria de reequilibrar la fiscalidad hacia los impuestos indirectos (que gravan el consumo, como el IVA o los especiales) para bajar los directos (IRPF y sociedades). Rubio cree que aún existe margen para elevar el IVA si a cambio se reducen los tipos del impuesto sobre la renta. Sanz, investigador de Funcas, aboga por mantener la estructura actual del impuesto sobre el consumo. “El problema de este tributo”, dice, “es el alto nivel de fraude”. Por eso, la Comisión reclama “intensificar la lucha contra la economía informal y el trabajo no declarado”. Sanz aconseja: “Habría que eliminar todos los regímenes especiales, como módulos o equivalencia, que son un nido de fraude”. Todos los expertos coinciden en este punto. El IVA es un impuesto tremendamente ineficiente. Recauda solo el 35% de lo que debería, alerta Sanz.
Para contentar a Bruselas, Hacienda ya ha anunciado que subirá algunos impuestos especiales. Pero ha insistido en que no tocará hidrocarburos. España tiene uno de los impuestos sobre los carburantes más bajos. El problema es que el precio de las gasolinas sin impuestos es de los más elevados del continente. Para compensar, Montoro estudia establecer otros impuestos verdes que graven la contaminación.
En el impuesto de sociedades, los tecnócratas de la Comisión recomiendan a España “adoptar medidas adicionales para reducir el sesgo en favor del endeudamiento”. Aquí, la mirilla de Bruselas está dirigida a la deducción por gastos financieros. El Gobierno ya la ha limitado y Montoro no parece dispuesto a reducirla más. “La limitación actual del 30% funciona bien y es suficiente”, dijo hace unos días en una entrevista a Cinco Días.
El Ejecutivo tiene avanzado un plan para reformar este tributo. La idea es afeitar algunas de las múltiples deducciones que permite que las grandes empresas rebajen su factura fiscal. “Habría que eliminar definitivamente la libertad de amortización”, sostiene Ramsés Pérez-Boga, que defiende que el tipo general (30%) debería bajar: “Es de los más altos de Europa y favorece la planificación fiscal agresiva”. El representante de los inspectores defiende que debería aclararse la normativa sobre operaciones vinculadas, una de las vías de escape que usan las multinacionales con sus filiales para trasladar los ingresos a países con menos fiscalidad.
Zubiri es partidario de que la Agencia Tributaria suscribiera acuerdos de colaboración con las grandes empresas del Ibex: “Serían mecanismos de estímulo para que distingan a las empresas que cumplen con las que no cumplen”. La mayoría de expertos creen que el principal problema de este impuesto es la elusión fiscal, que debería estrecharse la vigilancia sobre las grandes empresas.
Las reformas que se fraguan en los viejos pasillos del Ministerio de Hacienda, en la madrileña calle de Alcalá, no cambiarán una cosa: las grandes empresas seguirán pagando menos que los ciudadanos asalariados. Es lo que tiene el mundo globalizado. Si no, pregunten a Apple.
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