El conflicto abierto entre ArcelorMittal y el Gobierno francés, al que la compañía amenazó con marcharse del país y este, a su vez, con nacionalizar sus instalaciones, unido a la denuncia presentada en Bruselas contra el Gobierno alemán, por eximir del pago de las primas a las renovables en las tarifas eléctricas a la siderúrgica, ha supuesto un punto de inflexión de la política de la Comisión Europea, francamente preocupada por la falta de competitividad de la industria.
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